El Gobierno de Japón ha decidido, de acuerdo con la oposición, convocar elecciones generales anticipadas, a pesar de haber superado una cuestión de confianza en el Parlamento. Esta decisión se toma después de que el Gobierno nipón aprobara una subida de impuestos sobre el consumo.

En España, simplemente, es impensable que pueda ocurrir un escenario similar, como ya hemos podido comprobar. Esto se debe principalmente a tres factores:

1.- La prohibición constitucional del mandato imperativo: La Constitución española, en su artículo 67.2. señala que “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. Esto significa que, una vez elegidos, los diputados y senadores no rinden cuentas a nadie más que a las propias Cámaras. Al votar a nuestros representantes, les estamos dando un cheque en blanco para que actúen como les venga en gana, pudiendo ignorar los deseos mayoritarios de la ciudadanía.

2.- El férreo control de los partidos: Con la estructura del sistema de partidos de nuestro país y las normas por las que se rigen, es muy difícil que nadie dentro de un partido levante la voz en contra de las medidas que esté tomando un Gobierno sustentado por el mismo. Un diputado que vote en contra de la disciplina de partido se enfrenta a sanciones económicas y seguramente políticas. Quien se mueva no sale en la foto, como diría Alfonso Guerra.

3.- La falta de mecanismos democráticos: Si un partido obtiene una amplia mayoría parlamentaria, o absoluta como es el caso actual en España, la ciudadanía está atada de pies y manos. No existe ningún mecanismo en la Constitución o legislación españolas que permita a los ciudadanos derrocar a gobernantes que no han cumplido con sus promesas electorales o que han aprobado medidas que no se encontraban en sus programas electorales y que, por tanto, los ciudadanos no han votado. Uno de estos mecanismos es la revocatoria del mandato, que permite mediante una votación popular expulsar a un cargo público que no ha cumplido con el respeto al principio de que la democracia se sustenta en la voluntad del pueblo. En Latinoamérica es bastante corriente este mecanismo, e incluso países tildados de dictaduras por el partido del Gobierno, como Venezuela, lo recogen en su Constitución.
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