La tan proclamada mejora de la calidad de la televisión tras la llegada de la TDT ha sido un fiasco total, si hablamos estrictamente del contenido y no de la calidad técnica. Pero, antes de que la televisión digital fuera una realidad, ya se producía un fenómeno que ha continuado con ella, y es el control abusivo que ejercen los gobiernos de las Comunidades Autónomas sobre la línea editorial de sus respectivos canales públicos.

Conozco de primera mano los sangrantes casos de Telemadrid (con sus debates "plurales" y sus sabotajes a las huelgas, entre otras lindezas) y Canal 9. Pero parece que tampoco se salvan Canal Sur, TVG o ETB. No parece de recibo que unas cadenas de televisión que corren a cargo del ciudadano sirvan objetivos políticos, sean del color que sean. Estas televisiones deben estar al servicio de la ciudadanía y ofrecer contenidos plurales y la información más objetiva posible.

Los puestos de máxima responsabilidad de los entes autonómicos públicos deberían estar ocupados por profesionales de reconocido prestigio en la profesión que hubieran demostrado su independencia, y siempre con el acuerdo de los grupos parlamentarios de las respectivas Asambleas autonómicas. No es normal que, con cada cambio de gobierno, se sustituyan a personas que eran unos grandes comunicadores para unos y los más manipuladores para los otros.

No es el ejemplo perfecto, pero sin duda el camino que ha tomado TVE en los últimos años debería señalar las pautas a seguir al resto de televisiones públicas, que han de recordar que lo que son es un servicio público y, como tal, se deben a los ciudadanos y no a los políticos.
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