El Gobierno ha decicido hoy indultar a un conductor kamikaze que fue condenado a 13 años de prisión, tras matar en la colisión que se produjo a causa de su conducción negligente a un joven, conmutando su pena por otra de 2 años (que no acarreará prisión) y una multa. Este no es más que el último de una serie de polémicos indultos que el Gobierno de Rajoy ha firmado desde su llegada. Y es que este Gobierno ha indultado, en tan solo un año, a casi 500 personas, incluyendo a Mossos d'Esquadra condenados por torturas, políticos corruptos de su propio partido o defraudadores millonarios.  Sin embargo, no han tenido la misma prisa para indultar a David Reboredo, un hombre ex-toxicómano plenamente reinsertado en la sociedad, para el que lo han negado hasta en dos ocasiones.



La prerrogativa de gracia o indulto no puede ser entendida como una herramienta política al servicio del Gobierno de turno. Es cierto que debe mantenerse para casos de notable necesidad, como el de David, pero la realidad es que ahora mismo sirve para poner en la calle a los poderosos que delinquen, a los que tienen dinero y a los que tienen un carnet de cierto partido político. Incluso el poder judicial clama contra este uso del indulto, mientras el Ministro Gallardón les ordena callar.

Por ello, necesitamos una Ley clara al respecto. La actual data de 1870, y en ella se establece que el Gobierno puede, mediante Real Decreto, conceder el indulto a quien considere sin siquiera dar explicaciones. Debe reformarse para que los indultos, en todo caso, sean justificados y justificables, y que no puedan concederse en ningún caso en delitos fiscales, de corrupción, de sangre, tortura o en el caso de posible trato de favores.
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