La reforma del aborto impulsada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha creado mucha polémica estos días, y no es para menos. Supone un retroceso (otro más) en cuanto a derechos y libertades, enmascarado precisamente como un intento de proteger al no nacido.

Pero no nos engañemos: esta reforma es profundamente ideológica. Está enfocada a contentar al espectro más conservador de la derecha española. Si de verdad se preocuparan por el no nato, de igual manera deberían preocuparse por el ya nacido, y múltiples ejemplos señalan en dirección contraria: recortes en Sanidad y Educación, desahucios de familias con hijos, promulgación de la horrible LOMCE... Pero lo peor de todo es que, después de obligar a parir a una mujer que no quiere, sus ayudas a la maternidad serán escasas. Y, en el terrible caso de que el niño sufra una enfermedad que le condene a ser una persona dependiente el resto de su vida, su familia tampoco recibirá ayuda alguna, dado la reducción hasta su mínima expresión de la Ley de Dependencia.

Esta Ley nos aleja del estándar europeo en lo que a interrupción del embarazo se refiere. Nos alejamos de Francia, Reino Unido o Estados Unidos, y nos acercamos a países como Catar, Liberia, Guinea o Malta.

Así que no, no nos lo creemos. Esta ley no nace como defensa del embrión. A este Gobierno no le interesa ni le ha interesado nunca proteger al más débil. Al contrario, esta ley hace que, una vez más, solo las clases pudientes puedan costearse un viaje a un país extranjero para abortar. Porque, queridos amigos, a las pijas y a las ricas también se les rompe el condón.
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