La semana pasada conocíamos que Rodrigo Rato, ex-vicepresidente del Gobierno y de Bankia, ha sido contratado por Telefónica como asesor. Aparte del dudoso movimiento estratégico que supone (Rato dirigió una de las épocas más oscuras del Fondo Monetario Internacional y contribuyó activamente a la ruina de Caja Madrid y Bankia), este nombramiento supone una indignidad moral manifiesta. Y es que Telefónica ha certificado un ERE de más de 6500 trabajadores hace escasos meses. Pese a no haber trascendido el salario del señor Rato, un servidor se atreve a apostar que podría pagar el sueldo de buena parte, si no de todos, de los trabajadores afectados por el ERE.



Pero lo más chocante de todo este proceso es la facilidad que tienen los políticos de encontrar su sitio en la empresa privada, a pesar de que siempre son suspendidos en sus labores en la actividad pública por los ciudadanos. ¿Cómo unas personas que han demostrado ser tan incapaces dirigiendo un  Ministerio o incluso un país pueden resultar tan atractivas y valiosas para las multinacionales? Muchas veces clamamos al cielo cuando nos suben la factura eléctrica o del gas, o cuando un banco desahucia a una familia pese a haber recibido dinero público, que es de todos. Y más tarde, esa misma compañía o ese mismo banco acoge en sus filas a un miembro del Gobierno que aprobó medidas que les beneficiaron o que, por omisión, no legisló en beneficio de los ciudadanos sino de las grandes empresas. También hay casos flagrantes de Ministros que directamente tienen intereses en el campo de su propio Ministerio, como Pedro Morenés y la empresa de armas de la que era representante, o la ex-Ministra Sinde, que reguló en una materia que le salpicaba profesionalmente por los cuatro costados.

Por ser moralmente inaceptable, desde este blog pedimos acciones ciudadanas que reclamen una regulación en este aspecto. Los antiguos miembros de un Gobierno deben reincorporarse al puesto de trabajo que tenían antes de su nombramiento siempre que sea posible y, en todo caso, debe existir un periodo en el que no puedan ser contratados por empresas privadas a las que hayan podido, directa o indirectamente, favorecer con sus decisiones durante su cargo.
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