Ya son varias las voces dentro del Partido Popular que se han alzado para pedir que se regule, en forma de ley, el derecho a huelga. El otrora delfín de Esperanza Aguirre y actual Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la Delegada del Gobierno en esta Comunidad, Cristina Cifuentes, han sido los más insistentes, aunque no los únicos, defensores de esta medida. También la dirigente de UPyD, Rosa Díez, y la mayor organización patronal, la CEOE, (precursora de recortes y nido de delincuentes) han apoyado esta tesis.



El derecho de huelga se encuentra regulado actualmente por una norma preconstitucional, que fue en parte censurada e interpretada en favor de los trabajadores por varias sentencias del Tribunal Constitucional. Para aprobar una ley que regulara este derecho fundamental, se necesitaría una Ley Orgánica, algo que el PP podría aprobar sin problema con su mayoría absoluta en el Congreso.

El problema, claro está, es que la regulación que pretenden desde el núcleo duro del partido es una que coharte el derecho a la huelga. Quieren limitar su duración, su ámbito de actuación, aumentar los servicios mínimos hasta hacerlos abusivos y prohibir los piquetes informativos. Es decir, lo que quieren es, básicamente, dejar el derecho en su mínima expresión.

No hemos de olvidar que la huelga es uno de los instrumentos más poderosos con los que cuenta el trabajador a la hora de no dejarse avasallar por el poder del empresario. Gracias a las huelgas, se han conseguido derechos como la jornada laboral de 40 horas semanales o mejoras en otras condiciones laborales y en salarios. Sin él, los trabajadores verían cómo la ya de por sí posición de superioridad del empleador aumentaría hasta convertir la relación laboral en una relación de amo y sirviente. Es por ello que, estemos o no a favor de una huelga en concreto, debemos defender el mantenimiento de este derecho a toda costa, e impedir que vaya propagándose entre la población que la revisión a la baja de este derecho es una necesidad.
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