Soy un firme defensor de los impuestos. Una cosa que, en el imaginario común español, es poco menos que el demonio pero que, en realidad, es uno de los pilares en los que ha de sustentarse nuestro Estado del Bienestar. Pero para que el Estado siga siendo de Bienestar y no pierda la primera parte de su nombre, las tasas impositivas deben ser justas. Y no hay mayor justicia social que seguir el siguiente paradigna: el que tiene más dinero, paga más.

El IVA es el más infame de los impuestos, porque grava al consumo. Es decir, el trabajador que cobra 800 euros y necesita su coche para ir al trabajo, pagará los mismos impuestos que el millonario qe saca su Ferrari del garaje los domingos para dar una vuelta al llenar el depósito de gasolina. La madre que hace la compra semanal de su casa pagará lo mismo que la Duquesa de Alba si tiene a bien (poco probable) comprar los mismos productos.

Esta injusticia tiene dos soluciones. La primera ya se llegó a aplicar en España, pero la Unión Europea obligó a desestimarla: la creación de un IVA sobre impuestos de lujo. Los productos que son estrictamente de regodeo social, y de necesidad y practicidad cercanas a cero, véase coches de lujo, joyas, yates, mansiones... deberían tener un 100% de IVA. Si los compras es porque te sobra el dinero y, por tanto, debes dar parte del mismo al Estado para su redistribución.

La segunda sería fácilmente aplicable en pleno siglo XXI. De hecho, ya se ha puesto en marcha algo parecido con la nueva tarjeta sanitaria. Sería crear un documento de renta a efectos impositivos que, al pagar un producto, pudiese escanearse para comprobar cuánto IVA corresponde pagar al ciudadano en función de su renta. Una persona en paro o con pensión mínima pagaría el 0% de IVA en todos los productos, mientras que personas cuya renta fuera superior a los 100.000€ al año podrían pagar, se me ocurre, el 50% del IVA en todas sus compras.

Y con esto, señores y señoras, concluye la primera lección de cómo desmontar la falacia de "nosotros no queremos subir el IVA pero tenemos que hacerlo porque la situación es muy mala."
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Ayer amanecimos con la horrible noticia de un nuevo análisis forense que dictaminaba que los restos hallados por la Policía 48 horas después de la desaparición de los niños Ruth y José de Córdoba eran humanos y no de animales como en un principio se pensó.

A partir de ahí, la cantidad de programas de televisión que se han hecho eco de la noticia y la han ido denigrando poco a poco es alarmante. La pseudoperiodista Ana Rosa Quintana ha vuelto prematuramente de sus vacaciones exclusivamente para echar toda la mierda posible sobre el asunto. Basura televisiva que denigra al medio y a la profesión a la que dice pertenecer. Ella misma no se cansó de vilipendiar a una persona que resultó ser inocente por el caso de Rocío Wanninkhof. Pero no solo ella. Espejo Público, otrora programa de actualidad referente del panorama televisivo, no ha hecho más que aumentar la bilis que hay sobre el padre de los niños. Incluso Las Mañanas de Cuatro ha ofrecido asquerosas imágenes de los supuestos huesos de los niños, amparándose única y exclusivamente en su derecho al morbo gratuito.

Por supuesto, el juicio paralelo ya se ha hecho, no sólo en los susodichos programas, donde han llamado asesino reiteradamente a una persona que ni siquiera está acusada como tal, sino en las redes sociales. Muchas son las voces que han aprovechado lo asqueroso de este asunto para clamar a favor de la cadena perpetua e incluso de la pena de muerte. Estamos seguros de que el Ministro Gallardón recogerá el guante para incluirlo en su próxima revisión del Código Penal.

Conviene recordar casos como el de este joven, acusado de asesinar y violar a la hija de su pareja en alguno de los programas anteriormente mencionados, así como en una vomitiva portada que le dedicó ABC. El hombre fue puesto en libertad sin cargos.
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Las vacaciones han sido un pequeño oasis de respiro a las ajetreadas semanas previas de ajustes, recortes y medidas que nos hacían temblar a todos cada viernes cuando se reunía el Consejo de Ministros. Pasada esta pequeña bonanza, Europa le sigue exigiendo a Rajoy más recortes para poder pedir el rescate completo, un rescate que será defendido como "blando" y diametralmente opuesto al de Grecia, pero que en esencia será igual pero con más dinero.

He aquí los tres próximos recortes que el Gobierno del PP sacará a la luz en los próximos meses:

1.- Las pensiones. Es una de las pocas cosas que aún no ha tocado directamente (sí lo ha hecho de manera indirecta, con la subida de impuestos) y de las que más fervorosamente se hizo propaganda en la campaña electoral, jactándose de que jamás las bajarían. Por supuesto, era otra mentira más, pero saben que los ancianos son un núcleo importante de votantes, por lo que tendrán que enmascararla de algún modo. Pensionistas de otra índole (incapacitados, viudas, etc) también podrían verse afectados.

2.- Los empleados públicos. Sí, otra vez ellos. Se les puede ahogar y ahogar que no pasa nada. Esta vez el recorte pasará por despedir a empleados públicos e interinos, en un número que será de 5 cifras. Comunidades como Castilla - La Mancha (con la Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, al frente) ya han comenzado, y los grupos de presión a los que más escucha el PP, los de los empresarios, también lo han solicitado.

3.- Ajustes sobre ajustes: ¿Creían ustedes que si ya habían tocado algo, no lo podían volver a tocar? Se equivocaban. El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha declarado que los próximos recortes serán más dolorosos porque serán "ajustes sobre ajustes". Llueve sobre mojado. Prepárense trabajadores, parados, dependientes, autónomos, jóvenes, investigadores, opositores y un largo etcétera, porque les puede volver a tocar. Los que pueden seguir tranquilos son los grandes empresarios y los multimillonarios. Ellos ni han sufrido ni sufrirán recorte alguno.
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Ecuador ha concedido asilo político al activista y fundador de Wikileaks Julian Assange, al considerar que, de entregarlo a las autoridades del Reino Unido, esto podría suponer que se menoscabaran sus derechos y no recibiera un juicio justo por los hechos que se le imputan. Assange lleva dos meses recluído en la embaja de Ecuador en Londres esperando una solución a su situación.

El Gobierno del Reino Unido no ha hecho esperar su respuesta, declarando que el proceso de extradición a Suecia contra Assange sigue en pie y que detendrán al activista australiano en cuanto ponga un pie en la calle. Incluso han amenazado a la embajada ecuatoriana con quitarle su estatus diplomático para así entrar por la fuerza y detener a Assange.

Esta amenaza, amparada en la Ley de los Locales Diplomáticos y Consulares de 1987, pensada para poder detener a presuntos terroristas, contraviene el derecho internacional más básico y la Convención de Viena que otorga inviolabilidad a todas las sedes de las embajadas en todo el mundo.

Esto es solo una muestra más de la democracia de cartón en la que vivimos en Occidente. Al Reino Unido y a Estados Unidos (que quiere coger a Assange para acusarle de delitos contra la seguridad de la nación) les da igual una Convención Internacional de la que son firmanes, amparándose en leyes estatales de menor rango. Es el clásico "en mi casa jugamos así" o, como también se suele decir en los últimos tiempos, "es mi democracia y me la follo como quiero".
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Escribo esta entrada un poco en respuesta a una carta publicada hoy en la web de 20 minutos en la que una contrariada votante del PP se queja amargamente de los recortes a la educación pública a la par que se autodenomina "de derechas".

No es el primer caso de votantes arrepentidos del PP en los últimos meses. Mi pregunta es, ¿qué esperábais? El PP es un partido muy de derechas, neoliberal, con lo cual lo lógico es que privatice servicios públicos. ¿Qué sentido tiene que un funcionario vote por un partido cuya idiosincrasia es privatizar lo público? O, volviendo al caso de esta chica, ¿eres de familia humilde y crees que un partido de derechas va a favorecer tus intereses? Perdonad si parezco grosero, pero esto denota una falta de alfabetización política muy grande.

Al menos, la situación está sirviendo para que la gente abra los ojos más rápido. Si se recorta y privatizan servicios en una o dos legislaturas, no se nota tanto, pero si se hace todo de golpe y porrazo, pues la gente al final explota. Funcionarios, estudiantes, jubilados, pensionistas, parados, trabajadores... toda esta gente que se autodenomina "de derechas" y vota al PP y que en realidad no saben que sus intereses son antagónicos a los de este partido. Lo descubrirán a fuerza de golpes, me temo.
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Los medios de comunicación de masas claman contra la acción de Sánchez Gordillo del pasado martes. Parece que ha sido poco menos que el robo del siglo. Sin embargo, hay que darse muchas vueltas por los diarios y televisiones del país para encontrar una crítica tan feroz contra los que realmente han llevado a Gordillo y otros miembros del SAT a actuar de manera extrema, los verdaderos culpables de la crisis.

Y también es difícil que nadie califique de robo el "desfalco" que la familia Borbón-Urdangarín ha hecho en las cuentas públicas. Y es que, definitivamente, Cristina de Borbón no será siquiera llamada a declarar como testigo, pese a que la policía comprobó que recibió un ingreso injustificado de más de 12000 euros en su cuenta bancaria por parte de la empresa que dirigía Iñaki Urdangarín.

¿Cuánto vale un carrito lleno de comida? ¿Cuántos carros se pueden llenar con 12000 euros? ¿Es más grave robar a una gran empresa para dar de comer a la gente que pasa hambre, o llenarse tus ya de por sí pudientes bolsillos de dinero público gracias a tu apellido?
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El Gobierno de Japón ha decidido, de acuerdo con la oposición, convocar elecciones generales anticipadas, a pesar de haber superado una cuestión de confianza en el Parlamento. Esta decisión se toma después de que el Gobierno nipón aprobara una subida de impuestos sobre el consumo.

En España, simplemente, es impensable que pueda ocurrir un escenario similar, como ya hemos podido comprobar. Esto se debe principalmente a tres factores:

1.- La prohibición constitucional del mandato imperativo: La Constitución española, en su artículo 67.2. señala que “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. Esto significa que, una vez elegidos, los diputados y senadores no rinden cuentas a nadie más que a las propias Cámaras. Al votar a nuestros representantes, les estamos dando un cheque en blanco para que actúen como les venga en gana, pudiendo ignorar los deseos mayoritarios de la ciudadanía.

2.- El férreo control de los partidos: Con la estructura del sistema de partidos de nuestro país y las normas por las que se rigen, es muy difícil que nadie dentro de un partido levante la voz en contra de las medidas que esté tomando un Gobierno sustentado por el mismo. Un diputado que vote en contra de la disciplina de partido se enfrenta a sanciones económicas y seguramente políticas. Quien se mueva no sale en la foto, como diría Alfonso Guerra.

3.- La falta de mecanismos democráticos: Si un partido obtiene una amplia mayoría parlamentaria, o absoluta como es el caso actual en España, la ciudadanía está atada de pies y manos. No existe ningún mecanismo en la Constitución o legislación españolas que permita a los ciudadanos derrocar a gobernantes que no han cumplido con sus promesas electorales o que han aprobado medidas que no se encontraban en sus programas electorales y que, por tanto, los ciudadanos no han votado. Uno de estos mecanismos es la revocatoria del mandato, que permite mediante una votación popular expulsar a un cargo público que no ha cumplido con el respeto al principio de que la democracia se sustenta en la voluntad del pueblo. En Latinoamérica es bastante corriente este mecanismo, e incluso países tildados de dictaduras por el partido del Gobierno, como Venezuela, lo recogen en su Constitución.
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