Después de todo lo vivido en los últimos años, a pocos se les escapa que nuestro sistema político sufre un mal endémico llamado bipartidismo. A lo largo de su historia, nuestro Parlamento ha estado dominado mayoritariamente por dos únicas fuerzas, una de derecha y otra de centro (o centro-izquierda, para los aún creyentes), que han sumado entre 284 y 323 escaños en su conjunto durante las diferentes elecciones generales desde la caída de la Dictadura (nuestro Parlamento cuenta con 350 escaños en total).

Antecedentes.

Para saber por qué se da esta situación, debemos fijarnos directamente en los textos que configuran nuestro sistema político: la Constitución y la Ley Electoral.

Tras las elecciones de 1977, primeras del periodo democrático, se estableció un Parlamento dominado por UCD, con el PSOE como principal partido de la oposición. La ponencia para elaborar una Consitución fue compuesta por 7 diputados, 5 de ellos de derechas. Lo que parecía ser un texto progresista tras salir del periodo dictatorial se ha vuelto, en perspectiva, una Constitución incompleta que resolvía algunos problemas de fondo de manera muy rápida pero sin abordarlos directamente. Y, de aquellos barros, vienen estos lodos. Pero esto da para otro artículo.

Nuestra Constitución estableció una de las losas que hacen del sistema bipartidista español inamovible: la provincia como circunscipción. Este concepto no se sostiene dentro del propio sistema, pues el Congreso se configura como una cámara de representación estatal, por lo que no tiene sentido dividir los escaños provincialmente. Para representar a las regiones ya se encuentra (se supone) el Senado.

La otra losa la encontramos en la Ley Orgánica que regula las elecciones, la LOREG. En ella, se establece que el mínimo número de diputados por provincia, es de dos, correspondiendo a Ceuta y Melilla un diputado a cada una.

¿Por qué PP y PSOE suman el 85% de los escaños con menos del 75% de los votos?

¿Qué consecuencias tiene todo esto? En primer lugar, las circunscripciones pequeñas favorecen a los grandes partidos y perjudican a los pequeños. Al repartirse pocos escaños, estos se concentran en los partidos más votados, dejando al resto sin representación. Así, puede ocurrir que una fuerza con casi el 10% de los votos en una provincia se quede sin ningún escaño. Además, el haber un mínimo de escaños por circunscripción hace que las provincias con menos habitantes estén sobrerrepresentadas y, paralelamente, las más grandes, infrarrepresentadas.

¿A quién benefician estas leyes?

Claramente, estas leyes benefician a PP y PSOE, que son los dos grandes partidos. También beneficia, aunque de modo más pasivo, a los partidos nacionalistas, aunque estos tienen una representación aproximadamente acorde a su porcentaje de votos. Los grandes perjudicados son, sin duda, los partidos nacionales minoritarios, especialmente Izquierda Unida y UPyD, que podrían obtener más del doble de escaños con una ley proporcional más justa.

¿Tiene solución?

La tiene, pero no es fácil. Como hemos visto, las losas sobre las que se sustenta el bipartidismo son muy duras: la Constitución y una Ley Orgánica. Para cambiar esta última, hace falta mayoría absoluta. Para la primera, 3/5 de los votos tanto del Congreso como del Senado. Es decir, para modificar cualquiera de las dos normas, se necesitan los votos de uno o de los dos partidos mayoritarios. Esto sería, para ellos, hacerse el harakiri. La única solución pausible pasa por votar a opciones minoritarias que consigan arrebatar la mayoría absoluta a cualquiera de las dos formaciones para que se vean obligadas a pactar con ellas, siendo condición indispensable para este pacto la modificación del sistema electoral en su totalidad. Una vez llegado este acuerdo, el punto principal innegociable debe ser la circunscripción única estatal para la elección de los diputados del Congreso. Otras medidas que contribuirían a quitar poder a los dos grandes partidos y a que todos los ciudadanos pudieran sentirse representados serían suprimir el umbral electoral (actualmente en el 3% a nivel estatal) y subir el número de diputados hasta 400, algo que podría hacerse incluso sin modificar la Constitución en este apartado.

Pero, sin duda, la opción que más favorece al bipartidismo y más daño hace a nuestra democracia es la abstención. Que no te engañen: actualmente la abstención no es un sistema válido de protesta democrática. Y, si piensas que la política no va contigo, intenta darte cuenta de todos los políticos que se benefician de que tu pienses así.




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Intentaré acercar en tres puntos las claves del caso Bárcenas para aquellos que no han podido seguir de cerca el asunto:



1.- Luis Bárcenas era un hombre muy importante en el Partido Popular. Ha militado en el partido desde los tiempos de Alianza Popular y ha tenido cargos muy importantes, incluyendo el de Senador, miembro de la Ejecutiva Nacional y, lo más importante tesorero. No era un mindundi ni un cualquiera, y ha contado con el respaldo de los sucesivos líderes del PP, incluyendo Rajoy y Aznar. Solo su directa implicación con el caso Gürtel le apartó de los mandos del partido.

2.- El Partido Popular, de la mano de Bárcenas (aunque posiblemente con ayuda de muchos otros) se financió ilegalmente. Se le han descubierto nada menos que 22 millones de euros en cuentas suizas. Se sabe que altos cargos del PP recibían periódicamente pagos en dinero negro. No fue algo puntual: estos pagos ilegales eran realizados de forma sistemática y generalizada, y fueron perpetrados durante dos décadas al menos.

3.- El PP niega todo. Y lo niega, porque aún no se ha descubierto todo el pastel y todas las pruebas no han sido puestas encima de la mesa. Estas excusas son muy similares a las que ofreció Lance Armstrong antes de que sus mentiras se desmoronaran como castillos de naipes. Además, alguno de los delitos de los que se les podría acusar han prescrito. Los actuales líderes se escudarán en que, bajo su mandato, no se realizaron estas prácticas ilegales pero la realidad es que Mariano Rajoy lleva toda su vida en el partido, y no precisamente con cargos sin importancia. Rajoy era parte consciente de la trama y, si no la conocía, fue un incompetente por no conocer los tejemanejes de su propio partido.



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El Gobierno ha decicido hoy indultar a un conductor kamikaze que fue condenado a 13 años de prisión, tras matar en la colisión que se produjo a causa de su conducción negligente a un joven, conmutando su pena por otra de 2 años (que no acarreará prisión) y una multa. Este no es más que el último de una serie de polémicos indultos que el Gobierno de Rajoy ha firmado desde su llegada. Y es que este Gobierno ha indultado, en tan solo un año, a casi 500 personas, incluyendo a Mossos d'Esquadra condenados por torturas, políticos corruptos de su propio partido o defraudadores millonarios.  Sin embargo, no han tenido la misma prisa para indultar a David Reboredo, un hombre ex-toxicómano plenamente reinsertado en la sociedad, para el que lo han negado hasta en dos ocasiones.



La prerrogativa de gracia o indulto no puede ser entendida como una herramienta política al servicio del Gobierno de turno. Es cierto que debe mantenerse para casos de notable necesidad, como el de David, pero la realidad es que ahora mismo sirve para poner en la calle a los poderosos que delinquen, a los que tienen dinero y a los que tienen un carnet de cierto partido político. Incluso el poder judicial clama contra este uso del indulto, mientras el Ministro Gallardón les ordena callar.

Por ello, necesitamos una Ley clara al respecto. La actual data de 1870, y en ella se establece que el Gobierno puede, mediante Real Decreto, conceder el indulto a quien considere sin siquiera dar explicaciones. Debe reformarse para que los indultos, en todo caso, sean justificados y justificables, y que no puedan concederse en ningún caso en delitos fiscales, de corrupción, de sangre, tortura o en el caso de posible trato de favores.
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La tasa del euro por receta se lleva aplicando en la Comunidad de Madrid desde el pasado 1 de enero. En esta web te enseñan a desobedecer esta imposición y no pagarlo, y desde este blog te damos cinco razones para no hacerlo:



1.- Porque es injusto. Grava a todo el mundo por igual, sin mirar su renta, su edad o sus dolencias. Un señor octogenario con una enfermedad crónica que solo cobra su pensión pagará por una receta el mismo dinero que Emilio Botín.

2.- Porque es inconstitucional. El euro por receta vulnera la igualdad de los españoles en el acceso a los medicamentos. Ya se han presentado dos recursos de inconstitucionalidad contra él, uno de ellos del Gobierno central, del mismo partido que el de la Comunidad de Madrid.

3.- Porque con la sanidad no se juega. Hay muchos sitios de donde recortar, pero la sanidad no es uno de ellos. Estamos hablando de la vida de personas que no van a poder pagar sus medicamentos, o que van a tener que dejar de consumir otros productos de primera necesidad para comprarlos. Mientras, la alcaldesa Ana Botella gasta más de 10 millones de euros en sus 240 asesores.

4.- Porque es solo el primer paso. Si consentimos esto, lo siguiente será cobrar por visitar al médico de cabecera y tener que pagar cada vez que vayamos a urgencias. Y cobrar por muletas, ambulancias o prótesis ya está en marcha.

5.- Porque entre todos podemos pararlo. Esto es lo más importante. Si todos nos negamos a pagar, las sanciones administrativas que habrán de tramitar la Comunidad de Madrid les desbordarán hasta tal punto que no podrán hacerlo. Su afán recaudatorio habrá quedado en nada. De momento, ya son más de 4500 negativas a pagarlo en tan solo una semana.
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La semana pasada conocíamos que Rodrigo Rato, ex-vicepresidente del Gobierno y de Bankia, ha sido contratado por Telefónica como asesor. Aparte del dudoso movimiento estratégico que supone (Rato dirigió una de las épocas más oscuras del Fondo Monetario Internacional y contribuyó activamente a la ruina de Caja Madrid y Bankia), este nombramiento supone una indignidad moral manifiesta. Y es que Telefónica ha certificado un ERE de más de 6500 trabajadores hace escasos meses. Pese a no haber trascendido el salario del señor Rato, un servidor se atreve a apostar que podría pagar el sueldo de buena parte, si no de todos, de los trabajadores afectados por el ERE.



Pero lo más chocante de todo este proceso es la facilidad que tienen los políticos de encontrar su sitio en la empresa privada, a pesar de que siempre son suspendidos en sus labores en la actividad pública por los ciudadanos. ¿Cómo unas personas que han demostrado ser tan incapaces dirigiendo un  Ministerio o incluso un país pueden resultar tan atractivas y valiosas para las multinacionales? Muchas veces clamamos al cielo cuando nos suben la factura eléctrica o del gas, o cuando un banco desahucia a una familia pese a haber recibido dinero público, que es de todos. Y más tarde, esa misma compañía o ese mismo banco acoge en sus filas a un miembro del Gobierno que aprobó medidas que les beneficiaron o que, por omisión, no legisló en beneficio de los ciudadanos sino de las grandes empresas. También hay casos flagrantes de Ministros que directamente tienen intereses en el campo de su propio Ministerio, como Pedro Morenés y la empresa de armas de la que era representante, o la ex-Ministra Sinde, que reguló en una materia que le salpicaba profesionalmente por los cuatro costados.

Por ser moralmente inaceptable, desde este blog pedimos acciones ciudadanas que reclamen una regulación en este aspecto. Los antiguos miembros de un Gobierno deben reincorporarse al puesto de trabajo que tenían antes de su nombramiento siempre que sea posible y, en todo caso, debe existir un periodo en el que no puedan ser contratados por empresas privadas a las que hayan podido, directa o indirectamente, favorecer con sus decisiones durante su cargo.
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Ya son varias las voces dentro del Partido Popular que se han alzado para pedir que se regule, en forma de ley, el derecho a huelga. El otrora delfín de Esperanza Aguirre y actual Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la Delegada del Gobierno en esta Comunidad, Cristina Cifuentes, han sido los más insistentes, aunque no los únicos, defensores de esta medida. También la dirigente de UPyD, Rosa Díez, y la mayor organización patronal, la CEOE, (precursora de recortes y nido de delincuentes) han apoyado esta tesis.



El derecho de huelga se encuentra regulado actualmente por una norma preconstitucional, que fue en parte censurada e interpretada en favor de los trabajadores por varias sentencias del Tribunal Constitucional. Para aprobar una ley que regulara este derecho fundamental, se necesitaría una Ley Orgánica, algo que el PP podría aprobar sin problema con su mayoría absoluta en el Congreso.

El problema, claro está, es que la regulación que pretenden desde el núcleo duro del partido es una que coharte el derecho a la huelga. Quieren limitar su duración, su ámbito de actuación, aumentar los servicios mínimos hasta hacerlos abusivos y prohibir los piquetes informativos. Es decir, lo que quieren es, básicamente, dejar el derecho en su mínima expresión.

No hemos de olvidar que la huelga es uno de los instrumentos más poderosos con los que cuenta el trabajador a la hora de no dejarse avasallar por el poder del empresario. Gracias a las huelgas, se han conseguido derechos como la jornada laboral de 40 horas semanales o mejoras en otras condiciones laborales y en salarios. Sin él, los trabajadores verían cómo la ya de por sí posición de superioridad del empleador aumentaría hasta convertir la relación laboral en una relación de amo y sirviente. Es por ello que, estemos o no a favor de una huelga en concreto, debemos defender el mantenimiento de este derecho a toda costa, e impedir que vaya propagándose entre la población que la revisión a la baja de este derecho es una necesidad.
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